Mucho se ha escrito en los pasados días, y se seguirá escribiendo, sobre la crisis política en Puerto Rico; crisis provocada, entre otras cosas, por las desacertadas palabras y acciones (para ser generoso) del hoy de-facto ex-gobernador de Puerto Rico Ricardo (Ricky) Rosselló. La crisis es de tal magnitud que por primera vez en nuestra historia el consenso es casi unánime y el pueblo exige la renuncia de Ricky. Pero por supuesto siempre hay excepciones.
Ejemplo de esas excepciones es la representante del PNP María Milagros (Tata) Charbonier, quien continúa apoyando a Ricky a pesar del masivo rechazo que trasciende líneas ideológicas y partidistas. La siempre florida representante justifica su insostenible posición al amparo del posible residenciamiento contra el usurpador de La Fortaleza. Dice ella:
“En toda investigación en la que se le imputa a cualquier persona la comisión de un acto o conducta ilegal, ilícita o contraria a las leyes o procedimientos, le exigimos al investigador, cualquiera sea el cargo o función de este (policía, fiscal o examinador), que al iniciar, dirigir y evaluar la prueba que obtiene en la investigación, lo haga de manera imparcial, o sea sin un ánimo prevenido ni agendas escondidas y que sus conclusiones se sustenten en la evidencia obtenida, siguiendo siempre los procedimientos que dicta la ley y comprometidos siempre con la búsqueda de la verdad y la justicia. Eso es lo que necesitamos de todos los compañeros y compañeras que emitirán o tendrán la oportunidad de emitir un voto en este posible proceso.”
Aún quedan algunos oportunistas y desquiciados políticos que se aferran al seudo-análisis y a subterfugios leguleyos para seguir apoyando a Ricky. Tratan de confundir la gimnasia con la magnesia. Para efectos prácticos, en un residenciamiento no aplica el llamado debido proceso de ley, ni la presunción de inocencia, ni siquiera el beneficio de la duda. El residenciamiento de un gobernador, novel en nuestro país, es un proceso político. Quienes pasarán juicio y ejercerán su responsabilidad no serán miembros de un tribunal de justicia, sino los (mal llamados) representantes del pueblo. Y más le vale que estas personas escuchen bien el sentir, el pensar y la decisión que el pueblo ya tomó.
Puerto Rico ya evaluó, pasó juicio y dictó sentencia. Ricky Rosselló no puede seguir en La Fortaleza. A estas alturas cualquier proceso es mera burocracia.
Si los legisladores que “representan al pueblo” no ejercen su deber como el pueblo exige, mejor es que se preparen para lo que les viene encima. Si reculan y le dan la espalda al pueblo, a esos señores y señoras tampoco les cobijará la presunción de inocencia ni el beneficio de la duda. Porque a los puertorriqueños no nos seguirán cogiendo de pendejos.